Cientos de científicos e investigadores del Conicet, INTA y de Universidades públicas firman una carta abierta al gobierno nacional contra la aprobación del trigo transgénico HB4 - Matanza Noticias
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Semilla modificada genéticamente

Cientos de científicos e investigadores del Conicet, INTA y de Universidades públicas firman una carta abierta al gobierno nacional contra la aprobación del trigo transgénico HB4

El mensaje indica gran preocupacion por la autorizacion del trigo transgenico, prohibido en todo el mundo que según afirman traerá graves trastornos ambientales, sanitarios y economicos a la población
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La carta surge después de ser publicada en el Boletin Oficial la Resolución 41/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca, que autorizó comercialmente la semilla de Trigo HB4 - IND-ØØ412-7, y para los productos y subproductos derivados de ésta.

La semilla de Trigo HB4 - IND-ØØ412-7 es un producto desarrollado por la empresa Instituto de Agrobiotecnologia Rosario S.A. (INDEAR S.A.), que es parte del Grupo Bioceres S.A. quien su CEO es Federico Trucco (hijo de Víctor Trucco, fundador de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa "Aapresid"). El Grupo economico cotiza en la Bolsa de Nueva York, donde entre sus inversores se encuentran Gustavo Grobocopatel (Tambien CoFundador) y Hugo Sigman (Fundador y CEO del Grupo Insud, futuro fabricante local de la vacuna contra el SARS-CoV-2). La intención de la empresa es proveer en el futuro este producto en principio en el mercosur y luego en otros mercados internacionales como los Estados Unidos, pero su principal limitante es la no autorización del producto que espera hace años.

La controvertida medida convierte a Argentina en el primer país del mundo en aprobar trigo transgénico, ya que ninguna nación aprobo semillas de trigo modificadas geneticamente.

Dentro de la carta, los autores indican que la autorización "remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentarias". También aluden que hay varias investigaciones científicas que demostraron los daños ambientales y sanitarios que pueden generar a la región ya que su uso tendría como resultado mayor uso de fumigadores.

Entre las solicitudes agregan la falta de estadísticas oficiales sobre el uso de agrotóxicos en el campo, que estiman en base a calculos própios en 12 litros por habitante, la más alta del mundo.

Además de la carta, otros profesionales han realizado consideraciones sobre la polemica, como realizó hace un mes Pablo Abbate, Investigador en Ecofisiologia y Modelado del Cultivo de Trigo en la Estacion Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA, quien publicó en su perfil de Linkedin una posición al respecto con dudas sobre su aprobación final por parte de los organismos de control y su impacto economico al no poder ser un producto exportable ya que no está permitido en el ningun lugar del planeta y que su principal destino de exportacion es Brasil. En el Art. 2 de la resolución autorizante indica que la empresa "deberá abstenerse de comercializar" el producto "hasta tanto obtenga el permiso de importación en la República Federativa del Brasil".
A continuación se cita la carta:


CARTA ABIERTA DE CIENTÍFICOS/AS ARGENTINOS/AS AL GOBIERNO NACIONAL SOBRE EL TRIGO TRANSGÉNICO


En el Boletín Oficial el 9 de octubre fue publicada la Resolución 41/2020 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que aprueba el primer trigo transgénico del mundo y anuncia su cultivo en el país, sujeto a que Brasil lo admita, dado que es el comprador del 45% de las exportaciones argentinas de este cereal. El trigo genéticamente modificado autorizado se denomina HB4 (trigo IND-ØØ412-7) y presenta, según consta en la mencionada resolución, dos características introducidas por técnicas de ingeniería genética: resistencia a la sequía y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio.

Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentarias. Esto nos lleva a cuestionarnos acerca de los supuestos beneficios que traería aparejado.


Los daños del modelo del agronegocio


Existen evidencias acerca de las consecuencias negativas que producen los modos y los paquetes tecnológicos usados actualmente en la producción agrícola en Argentina, en Latinoamérica y en varios países centrales, especialmente en Estados Unidos. Cientos de investigaciones sobre daños ambientales y sanitarios han sido publicadas en revistas científicas internacionales y muchos más testimonios y denuncias han sido impulsadas de manera sostenida por comunidades, trabajadores de la salud y movimientos sociales de nuestra región. Es indudable que el actual modelo productivo hegemónico de la agroindustria, concentra capital, profundiza la desigualdad económica y social, genera el deterioro de la salud de las comunidades y de los ecosistemas y acelera la pérdida de biodiversidad, amenazando la seguridad alimentaria y dejando a su paso territorios devastados ambiental y socialmente.

Algunos de los principales daños que está produciendo este modelo se deben al uso intensivo de agrotóxicos. Lejos de reducirse, como anunciaban hace más dos décadas los promotores del paquete tecnológico soja-glifosato, el uso de agrotóxicos se ha incrementado exponencialmente ya que la práctica de la siembra directa con semillas transgénicas y barbecho químico actualmente está concentrando la mayor demanda de glifosato y otros agrotóxicos. La agricultura basada en el uso de organismos genéticamente modificados (OGM), tolerantes a diversos herbicidas selecciona a las malezas resistentes que proliferan, lo cual obliga a aumentar las dosis, a realizar mezclas de múltiples activos y a su vez recurrir al consumo de nuevos herbicidas más potentes. En Argentina, hay falta de registros oficiales de uso y, en función de las proyecciones, actualmente se usan más de 525 millones de kg/litros de formulados de agrotóxicos por año (alrededor de 12 litros por habitante, la tasa más alta del mundo), esparcidos en miles de millones de litros de caldos de aplicación. La autorización del trigo resistente al glufosinato de amonio implicará aumentar aún más ese volumen, que de por sí resulta exorbitante.

El glufosinato de amonio es un herbicida que, mirado desde la seguridad alimentaria según FAO, es 15 veces más tóxico que el glifosato, ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por su toxicidad aguda y sus efectos neurotóxicos, genotóxicos y alteradores de la colinesterasa. Es letal para organismos que contribuyen naturalmente a mantener la dinámica de los agroecosistemas: arañas, ácaros, artrópodos depredadores, mariposas y otros polinizadores y microorganismos del suelo. Además, en estos agroecosistemas desequilibrados aumenta la susceptibilidad de los cultivos a enfermedades, con el consecuente aumento en la dependencia del uso de más agroquímicos. Asimismo, deteriora enormemente la calidad del agua dulce acelerando procesos de eutrofización, siendo además tóxico para algunos organismos acuáticos. Además, penetra hacia napas subterráneas, aumentando la lixiviación del nitrógeno de los suelos.

La incorporación del trigo transgénico incrementaría la frecuencia de las fumigaciones, extendiéndolas durante todo el año. Hasta ahora, las fumigaciones masivas con agrotóxicos se circunscribían a las temporadas de primavera y verano (también se aplican a finales del invierno como “barbecho químico”). Dado que el trigo es un cultivo de invierno, la aplicación del glufosinato de amonio dará lugar a fumigaciones con este herbicida, en una estación del año en la que se prolonga la vida media de plaguicidas en el ambiente, debido a la incidencia de las bajas temperaturas en los procesos de biodegradación y/o a la baja irradiancia solar en la fotodegradación, todo lo cual coincide además con la mayor susceptibilidad de la población a contraer enfermedades respiratorias.

Hasta el momento, el uso del paquete tecnológico estaba particularmente asociado al cultivo de soja, maíz y algodón, cultivos principalmente vinculados a la producción de granos para forraje y aceites. El trigo, en cambio, es la base de la alimentación de las y los argentinos, ya que con él se elabora el pan y gran parte de nuestros alimentos que están basados en sus harinas. A partir de esta autorización, el trigo HB4 tendrá residuos de glufosinato al igual que las harinas y sus derivados, es decir, habrá glufosinato en alimentos básicos de consumo diario. Dado que en Argentina no hay ley de etiquetado de transgénicos, toda la población estaría expuesta a su ingesta en la dieta diaria.

Por otra parte, el trigo podría correr una suerte similar a la soja no transgénica, que ha sido completamente reemplazada por variedades transgénicas. No es posible la coexistencia de trigo transgénico y no transgénico, entre otras cosas por la llamada “contaminación genética” que ocurre durante la polinización. El trigo se autofecunda en un gran porcentaje, pero también se cruza con otros cultivos de trigo que se encuentren en las cercanías. Del mismo modo que en el caso de la soja, una vez liberadas las variedades transgénicas en pocos años se podrían diseminar debido a la fecundación cruzada por polinización con las variedades no transgénicas, en un proceso irreversible de flujo genético. Además de los procesos naturales, el mercado también podría imponer la adopción de OGM, haciendo llegar a los productores insumos sin identificación a bajo costo, como ocurrió en el caso de la soja RR.

La reconfiguración de la producción hacia la agricultura de mercado y la producción de commodities basada en precios internacionales han llevado a un avance descontrolado de la frontera agrícola en las últimas décadas para ampliar las áreas de cultivo en nuestro país. Este escenario se agrava con la aprobación de la “Iniciativa DOSCIENTOS MILLONES (200.000.000) de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” que, junto con el Anexo registrado con el Nº IF-2020-65541846-APN-SSA#MAGYP, no toma en cuenta ninguna consideración respecto a las consecuencias ambientales de este emprendimiento.

Los desmontes masivos de bosques nativos, la devastación de áreas de alta susceptibilidad como el monte chaqueño y las yungas en Salta, la desecación de humedales y actualmente los incendios extensivos que destruyen ecosistemas naturales en 14 provincias son distintas caras del mismo modelo que a su vez potencian sus consecuencias negativas en los escenarios actuales de cambio climático. Esta expansión avasalla a las poblaciones rurales, campesinas y comunidades de pueblos originarios, generando la ruptura de entramados sociales, pérdida de infraestructura rural, expulsión de población, y concentración de la propiedad de la tierra y los beneficios que se obtienen de ella, dejando como saldo una invaluable pérdida de saberes y prácticas, de diversidad cultural, biodiversidad y degradación de ecosistemas. Al mismo tiempo, es inmenso el deterioro de bienes comunes de la naturaleza tan relevantes como lo son las funciones ecosistémicas que contribuyen a la regulación climática e hidrológica, afectadas por cambios estructurales en las coberturas vegetales, e incluso por impactos indirectos sobre otros ecosistemas tales como la degradación de los humedales por la intensificación de la actividad ganadera desplazada de las tierras altas o la formación de “ríos nuevos” por cambios profundos en el ciclo hidrológico.

En este marco cabe preguntarnos: ¿es aceptable el desarrollo y la aprobación de nuevos cultivos transgénicos que profundizarán los daños y el despojo de nuestro pueblo y nuestros territorios? La celebrada «resistencia a la sequía» que se elogia como un logro científico ¿es realmente una ventaja? ¿para qué? ¿para quién? ¿Es una ventaja que el trigo transgénico reemplace bosques y pastizales nativos? ¿Quiénes tendrían que decidir ese cambio de uso de suelo? Este tipo de decisiones que nos afectan a todes y comprometen el futuro de todas las generaciones, es imprescindible que sean tomadas como resultado de un debate que incluya sus consecuencias ambientales, económicas y sociales. Los transgénicos agrícolas, a pesar del enorme esfuerzo propagandístico en pos de presentarlos como una innovación virtuosa para “alimentar al mundo” sólo han servido para generar lucro para unos pocos que logran acceder a los altos costos de los paquetes tecnológicos y hacerlos rentables por escala. Los organismos transgénicos no son necesarios para garantizar ningún derecho del pueblo, por el contrario, atentan contra la salud socioambiental y amenazan la soberanía alimentaria.


Una oportunidad para reconsiderar el modelo


En un contexto de pandemia, cuyas causas más profundas se vinculan con la pérdida de biodiversidad por destrucción de ecosistemas, cambios en el uso del suelo y degradación del ambiente, uno de cuyos mayores responsables es el modelo del agronegocio, es urgente plantearnos la necesidad de un cambio profundo. La FAO afirma: “Hemos llegado al límite del paradigma de la revolución verde” y alcanzar una agricultura sostenible requiere un enfoque integrado. El paquete tecnológico transgénico-agrotóxicos es hoy la encarnación extrema del paradigma de la «revolución verde» y avanzar hacia una producción agroecológica libre de venenos y transgénicos es el principal desafío que hoy tenemos como humanidad”.

Por otra parte, en su el Informe Especial frente al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas en su 40º período de sesiones, la Relatora Hilal Elver luego de su visita a la Argentina en septiembre de 2018, reitera la importancia de diversificar la matriz agrícola de manera de disminuir su vulnerabilidad. Asimismo, el informe alienta al Gobierno a dar prioridad al diseño e implementación de políticas y reformas efectivas con la participación de todos los segmentos relevantes de la sociedad con el objetivo de garantizar el derecho a una alimentación adecuada.

En nuestro territorio se impone la necesidad, entonces, de realizar una transición hacia sistemas de producción agroecológicos que permitan garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y al mismo tiempo, preservar proteger y restaurar los bienes comunes de la naturaleza, celebrando la diversidad cultural, conservando la diversidad de las especies y los recursos genéticos. Las prácticas agroecológicas involucran un valioso diálogo de saberes, ya que combinan los conocimientos tradicionales y autóctonos, los conocimientos prácticos de los campesinos, productores y comerciantes y los conocimientos científicos. A su vez, en un contexto de cambio climático es significativo advertir que los sistemas agroecológicos diversificados son más resilientes, es decir, tienen una mayor capacidad para recuperarse de las perturbaciones, en particular de fenómenos meteorológicos extremos, además de incluir modelos altamente eficientes que pueden generar enorme productividad.

Como científicos/as comprometidos con la vida, estamos conscientes de que necesitamos abrir un debate democrático sobre el modelo de producción, la necesidad de un cambio transformador y la promoción de una ciencia independiente que observe y registre el accionar de las empresas de los agronegocios en lo sanitario, en lo ambiental y en lo económico. Una ciencia que en lo agrario pueda ser denunciante de procedimientos dañinos, que escuche las voces de transformación y que conduzca hacia la soberanía alimentaria.

Por todos estos motivos, quienes suscriben esta carta, científicos y científicas de múltiples especialidades y formaciones, solicitamos al Gobierno Nacional que deje sin efecto la aprobación del cultivo de trigo transgénico y que, al mismo tiempo, abra un amplio espacio de debate ciudadano que contribuya a la transformación del actual modelo de producción agrícola hacia modalidades agroecológicas que consideren el interés común, la salud pública, la defensa de la vida y de la casa común.

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Fuente: Carta

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